Tema 4. La Corona

La respuesta correcta se fundamenta en el artículo 64.1 de la Constitución Española, que establece una excepción a la regla general del refrendo. Mientras que la mayoría de los actos del Rey deben ser refrendados por el Presidente del Gobierno o los Ministros competentes, la Norma Fundamental reserva específicamente al Presidente del Congreso la facultad de refrendar tres actos concretos: la propuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno, su posterior nombramiento y la disolución de las Cortes Generales en el supuesto de que ningún candidato obtenga la confianza parlamentaria (artículo 99).

En cuanto a las opciones descartadas, la convocatoria de referéndum (opción B) y la declaración de guerra o paz (opción A) son actos que, según la regla general del mismo precepto, corresponden al refrendo del Presidente del Gobierno. Por su parte, el nombramiento del personal de su Casa (opción C) constituye una de las facultades que el Rey realiza de forma libre y sin necesidad de refrendo, conforme a lo dispuesto en el artículo 65.2 de la Constitución.

Por tanto, la propuesta y el nombramiento del Presidente del Gobierno es la única de las opciones presentadas que debe ser refrendada obligatoriamente por el Presidente del Congreso, tal y como dispone literalmente el texto constitucional: «La propuesta y el nombramiento del Presidente del Gobierno, y la disolución prevista en el artículo 99, serán refrendados por el Presidente del Congreso».

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• Constitución Española de 1978, artículo 64.1.

La respuesta correcta es la D, ya que la Constitución Española establece una prohibición absoluta respecto a la simultaneidad del cargo de tutor del Rey con cualquier otra función de carácter político. Esta incompatibilidad busca garantizar la neutralidad y dedicación exclusiva de quien ejerce la formación y protección del monarca durante su minoría de edad.

Según lo dispuesto literalmente en el artículo 60, apartado 2, de la Norma Fundamental: «El ejercicio de la tutela es también incompatible con el de todo cargo o representación política.»

Por tanto, las opciones A, B y C son incorrectas al proponer excepciones o limitaciones a la incompatibilidad (como la compatibilidad con la Presidencia del Gobierno o la restricción solo al ámbito autonómico) que no existen en el texto constitucional, el cual es tajante al extender la incompatibilidad a "todo" cargo o representación.

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• Constitución Española de 1978, artículo 60.2.

La respuesta correcta es la B, ya que la Constitución Española establece una excepción a la regla general del refrendo para aquellos actos en los que no existe todavía un Presidente del Gobierno en ejercicio o se trata de un procedimiento parlamentario de investidura. Según el artículo 64.1 de la Norma Fundamental, corresponde específicamente al Presidente del Congreso de los Diputados refrendar tanto la propuesta como el nombramiento del titular de la Presidencia del Gobierno.

Esta atribución es coherente con el procedimiento de investidura regulado en el artículo 99 de la Constitución, donde el Rey realiza la propuesta de candidato a través del Presidente del Congreso tras consultar a los grupos políticos. Dado que el refrendo traslada la responsabilidad del acto del Rey a la autoridad que lo firma, en este caso recae sobre la máxima autoridad de la Cámara Baja, que es quien ha gestionado el proceso parlamentario previo.

Las demás opciones son incorrectas porque:

• El Presidente del Gobierno (opción A) no puede refrendar su propio nombramiento, pues en ese momento el candidato aún no ha adquirido tal condición legal.
• El Congreso de los Diputados y las Cortes Generales (opciones C y D) son órganos colegiados, mientras que el refrendo es un acto formal y personal que debe ser realizado por una autoridad individualizada para asumir la responsabilidad jurídica del acto regio.

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• Constitución Española de 1978, artículo 64.1.

La respuesta correcta es la B, ya que reproduce literalmente el contenido del artículo 59.5 de la Constitución Española, el cual establece que la Regencia no es una institución que actúe por derecho propio o voluntad personal, sino que se fundamenta en la propia norma fundamental: «La Regencia se ejercerá por mandato constitucional y siempre en nombre del Rey.»

Las demás opciones son incorrectas por los siguientes motivos legales:

• La opción A es falsa porque, según el artículo 57.5 de la Constitución, las abdicaciones y renuncias se resolverán mediante una ley orgánica, no ordinaria.
• La opción C es incorrecta porque el artículo 59.2 exige que el Príncipe heredero sea mayor de edad para entrar a ejercer la Regencia por inhabilitación del Rey; de lo contrario, se seguirá el orden de prelación del apartado 1 hasta que alcance dicha mayoría.
• La opción D es errónea dado que el artículo 59.4 impone dos requisitos subjetivos indispensables para ser regente: «es preciso ser español y mayor de edad».

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• Constitución Española, artículo 59, apartados 2, 4 y 5.

La respuesta correcta es la C, ya que se ajusta literalmente a lo dispuesto en el Título II de la Constitución Española, dedicado a la Corona. El artículo 58 establece una prohibición general para el consorte del titular de la Corona (ya sea Reina consorte o consorte de la Reina) respecto al ejercicio de funciones de naturaleza constitucional.

Esta limitación garantiza que el ejercicio de las facultades atribuidas al Rey en el artículo 62 de la Norma Fundamental sea personal e indelegable en su cónyuge. La única excepción permitida por el texto constitucional es que el consorte asuma la Regencia, situación regulada en el artículo 59 de la propia Constitución para supuestos de minoría de edad o inhabilitación del Rey.

Por tanto, el papel del consorte es estrictamente honorífico y de representación institucional, careciendo de potestad para sancionar leyes, convocar referéndums o ejercer el mando supremo de las Fuerzas Armadas, salvo que actúe en calidad de Regente en nombre del Rey.

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• Constitución Española de 1978, artículo 58.