Bloque IV. Derecho Administrativo General

Bloque 4 · Tema 13

Tema 13. La jurisdicción contencioso-administrativa

75 preguntas para preparar Gestión de la Administración Civil del Estado (GACE). Las 5 primeras están resueltas y explicadas aquí mismo, con el artículo del que sale la respuesta.

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  1. 001Según la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, ¿a qué órgano le corresponde conocer en única instancia de los recursos que se deduzcan en relación con las disposiciones de carácter general del Consejo de Ministros?

    A.A la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Supremo.Correcta

    B.A los Juzgados Centrales de lo Contencioso- Administrativo.

    C.A los Juzgados de lo Contencioso- Administrativo.

    D.A la Sala de lo Contencioso- Administrativo de la Audiencia Nacional.

    La opción correcta es la A. De conformidad con el artículo 12.1.a) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, la competencia para conocer en única instancia de los recursos contra las disposiciones de carácter general y actos del Consejo de Ministros corresponde a la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo.

    Específicamente, el citado precepto legal determina que:

    «La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo conocerá en única instancia de los recursos que se deduzcan en relación con: a) Los actos y disposiciones del Consejo de Ministros y de las Comisiones Delegadas del Gobierno.»

    Esta atribución competencial se encuentra en consonancia con lo dispuesto en el artículo 58, apartado Primero, de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, el cual atribuye a dicha Sala el conocimiento, en única instancia, de los recursos contencioso-administrativos contra actos y disposiciones del Consejo de Ministros y de las Comisiones Delegadas del Gobierno. Por su parte, la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional (opción D) es competente para conocer de los recursos contra las disposiciones generales y actos de los Ministros y Secretarios de Estado, según lo previsto en el artículo 11.1.a) de la Ley 29/1998.


    • Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, artículo 12.1.a)
    • Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, artículo 58, apartado Primero
  2. 002Conforme a la Ley de la Jurisdicción contencioso-administrativa, en los casos de inactividad de una Administración Pública, cuando esta esté obligada a realizar una prestación concreta, el interesado podrá:

    A.Presentar el recurso contencioso-administrativo, sin que esté obligado a reclamar previamente a la Administración Pública el cumplimiento de su obligación.

    B.Presentar el recurso contencioso-administrativo una vez transcurridos tres meses desde que hubiera reclamado a la Administración Pública el cumplimiento de su obligación.Correcta

    C.Contra la inactividad de una Administración Pública no es admisible el recurso contencioso-administrativo.

    D.Formular requerimiento a la Administración Pública. Si en el plazo de 10 días no fuere atendido, podrá deducir directamente el recurso contencioso-administrativo.

    La respuesta correcta es la B porque la Ley 29/1998 (LJCA) regula específicamente el recurso contra la inactividad de la Administración cuando esta tiene una obligación de prestación concreta. Para que el recurso sea admisible, la ley impone al interesado la carga de efectuar una reclamación previa en vía administrativa y esperar un plazo de seguridad para permitir que la Administración reaccione.

    Según el artículo 29.1 de la LJCA, el procedimiento se divide en dos fases: primero, el interesado debe reclamar el cumplimiento de la obligación; segundo, debe esperar un plazo de tres meses. Solo si tras ese periodo la Administración no ha cumplido o no ha llegado a un acuerdo, queda expedita la vía judicial para interponer el recurso contencioso-administrativo.

    Es importante no confundir este supuesto con el del artículo 29.2, que se refiere a la inactividad en la ejecución de actos firmes (donde el plazo de espera es de solo un mes), ni con el requerimiento previo entre Administraciones previsto en el artículo 44, que no es aplicable a ciudadanos particulares.


    • Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, artículo 29.1: «Si en el plazo de tres meses desde la fecha de la reclamación, la Administración no hubiera dado cumplimiento a lo solicitado o no hubiera llegado a un acuerdo con los interesados, éstos pueden deducir recurso contencioso-administrativo contra la inactividad de la Administración.»
  3. 003Señale cuál de los siguientes órganos NO integra el orden jurisdiccional contencioso-administrativo:

    A.Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia.

    B.Juzgados de lo Contencioso-administrativo.

    C.Salas de lo Contencioso-administrativo de las Audiencias Provinciales.Correcta

    D.Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo.

    La respuesta correcta es la C porque las Audiencias Provinciales son órganos judiciales que no forman parte del orden jurisdiccional contencioso-administrativo. Según la organización judicial española, las Audiencias Provinciales tienen competencia principalmente en los órdenes civil y penal, pero carecen de salas o secciones destinadas a la materia contencioso-administrativa.

    La composición del orden jurisdiccional contencioso-administrativo es una lista cerrada establecida en el artículo 6 de la Ley 29/1998 (LJCA). En dicho precepto se indica literalmente que este orden «se halla integrado por los siguientes órganos: a) Juzgados de lo Contencioso-administrativo. b) Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo. c) Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia. d) Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional. e) Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo».

    Por tanto, mientras que los Juzgados (tanto territoriales como centrales) y las Salas de los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) están expresamente recogidos en las letras a), b) y c) del citado artículo, las Audiencias Provinciales no figuran en la relación legal de órganos que integran esta jurisdicción.


    • Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, artículo 6.
  4. 004En el proceso contencioso, la asistencia de abogado es obligatoria:

    A.En todo caso.Correcta

    B.Sólo en las comparecencias ante órgano colegiado.

    C.Sólo en las comparecencias ante órgano unipersonal.

    D.En todo caso, salvo para los funcionarios, que pueden comparecer por sí mismos para la defensa de sus derechos estatutarios.

    La respuesta correcta se basa en el régimen de postulación procesal que establece la Ley 29/1998 (LJCA). En el orden contencioso-administrativo, la asistencia técnica de un profesional del Derecho es un requisito imperativo y general para todas las partes que intervienen en el proceso, con el fin de garantizar su derecho a la defensa.

    La obligatoriedad de la asistencia de abogado se desprende de la combinación de los dos primeros apartados del artículo 23. Mientras que la figura del Procurador es potestativa ante órganos unipersonales y obligatoria ante órganos colegiados, la figura del Abogado es exigida por la norma en ambos escenarios de forma preceptiva.

    • Ante órganos unipersonales: El artículo 23.1 dispone que las partes «serán asistidas, en todo caso, por Abogado».
    • Ante órganos colegiados: El artículo 23.2 establece que las partes deberán «ser asistidas por Abogado».
    • Excepción de funcionarios: Aunque el artículo 23.3 permite a los funcionarios comparecer por sí mismos en determinados asuntos de personal, la regla general de postulación del proceso contencioso, y la que utiliza la locución literal del enunciado, es la obligatoriedad de la asistencia letrada.

    • [Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, artículo 23.1 y 23.2]
  5. 005La impugnación por un particular de un acto fundado en la ilegalidad de un reglamento que ampara ese acto, procede mediante:

    A.Cuestión de ilegalidad.

    B.Recurso directo.

    C.Recurso indirecto.Correcta

    D.Recurso extraordinario de revisión.

    La respuesta correcta es la C, ya que el ordenamiento jurídico-administrativo permite impugnar un reglamento de dos formas: mediante el recurso directo (contra la norma en sí) o mediante el recurso indirecto (contra un acto de aplicación de dicha norma). El recurso indirecto se fundamenta, precisamente, en que el acto es inválido porque la norma general en la que se apoya no es conforme a Derecho, permitiendo al particular atacar reglamentos incluso si ha transcurrido el plazo para su impugnación directa.

    Es fundamental no confundir este mecanismo con la cuestión de ilegalidad (opción A). Mientras que el recurso indirecto es la acción procesal que interpone el particular, la cuestión de ilegalidad es un mecanismo de colaboración entre órganos jurisdiccionales. Según el artículo 27.1 de la LJCA, cuando un Juez estima un recurso indirecto y declara nulo un acto por ser ilegal el reglamento que lo ampara, debe "plantear la cuestión de ilegalidad" ante el Tribunal competente para que este último anule la norma con efectos generales (erga omnes).

    Por tanto, el particular impugna el acto a través del recurso indirecto, y es el órgano judicial quien, tras darle la razón, activa en su caso la cuestión de ilegalidad para depurar el ordenamiento jurídico, siempre que el Juez no sea competente para conocer también del recurso directo contra la disposición.


    • Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, artículo 26.1.
  6. 006Según la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, ¿qué órgano es competente de las impugnaciones contra actos de las Juntas Electorales de Zona y de las formuladas en materia de proclamación de candidaturas y candidatos efectuada por cualquiera de las Juntas Electorales, en los términos previstos en la legislación electoral?

    A.Juzgados de lo Contencioso-administrativo.

    B.Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo.

    C.Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia.

    D.Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional.

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  7. 007¿A quién corresponde el conocimiento, en única instancia, de los recursos contencioso-administrativos que se deduzcan en relación con las disposiciones generales emanadas de una entidad local?:

    A.A las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia.

    B.A los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo.

    C.A la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

    D.A los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo.

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  8. 008De conformidad con la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, NO corresponden al orden jurisdiccional contencioso-administrativo:

    A.Los conflictos de atribuciones entre órganos de una misma Administración.

    B.Los actos y disposiciones de las Corporaciones de Derecho público, adoptados en el ejercicio de funciones públicas.

    C.Los actos administrativos de control o fiscalización dictados por la Administración concedente, respecto de los dictados por los concesionarios de los servicios públicos que impliquen el ejercicio de potestades administrativas conferidas a los mismos.

    D.Los contratos administrativos y los actos de preparación y adjudicación de los demás contratos sujetos a la legislación de contratación de las Administraciones públicas.

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  9. 009¿A quién corresponde el conocimiento, in única instancia, de los recursos contencioso-administrativos que se deduzcan in relación con las disposiciones generales emanadas de una entidad local?:

    A.A los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo.

    B.A las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia.

    C.A la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

    D.A los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo.

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  10. 010En el proceso contencioso-administrativo de acuerdo en el artículo 50 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, el emplazamiento a la Administración se entiende efectuada por:

    A.El recibimiento del pleito a prueba.

    B.El envío del expediente administrativo.

    C.La reclamación del expediente.

    D.La mera interposición del recurso contencioso-administrativo.

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  11. 011Una de las características fundamentales y específicas del procedimiento contencioso-administrativo abreviado, según la Ley 29/1998, 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa es:

    A.El inicio del procedimiento mediante presentación del recurso contencioso-administrativo.

    B.La oralidad del proceso.

    C.La reclamación del expediente al órgano autor del acto o disposición.

    D.El Auto de admisión del recurso.

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  12. 012Según la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (en adelante LJCA), los órganos judiciales competentes para aprobar la entrada domiciliaria sin autorización del particular será:

    A.Los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo.

    B.Los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo.

    C.Las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia.

    D.La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.

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  13. 013De conformidad con la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, estarán legitimados ante el Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo:

    A.El Ministerio Fiscal para intervenir en los procesos que determine la Ley.

    B.Cualquier ciudadano que tenga conocimiento de cualquier situación de acoso sexual y acoso discriminatorio.

    C.Cincuenta Diputados o cincuenta Senadores.

    D.La Administración autora de un acto, previo informe favorable de la Abogacía del Estado.

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  14. 014Según la Ley 29/1998, de 13 de julio, ¿qué órgano es el competente para resolver los recursos que se deduzcan en relación con los actos de los Ministros, en general?:

    A.La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

    B.Las secciones de lo contencioso-administrativo de los Tribunales de Instancia.

    C.La Sección de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Centrales de Instancia.

    D.La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.

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  15. 015Indique el plazo transcurrido el cual, las partes implicadas podrán instar el procedimiento de ejecución forzosa de una sentencia en la Jurisdicción Contencioso-Administrativa:

    A.Dos meses a partir de la comunicación de la sentencia o el plazo fijado en ésta para el cumplimiento del fallo.

    B.Tres meses a partir de la comunicación de la sentencia o el plazo fijado en ésta para el cumplimiento del fallo.

    C.Un mes a partir de la comunicación de la sentencia o el plazo fijado en ésta para el cumplimiento del fallo.

    D.15 días a partir de la comunicación de la sentencia o el plazo fijado en ésta para el cumplimiento del fallo.

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  16. 016Señale la respuesta correcta, de conformidad con el artículo 74 de la LJCA, en relación con el desistimiento:

    A.Si fueren varios los recurrentes, el desistimiento de uno de ellos supondrá la finalización del procedimiento para la totalidad.

    B.El recurrente podrá desistir del recurso en cualquier momento anterior a la sentencia.

    C.Implica la condena en costas del recurrente que desiste.

    D.Para que el desistimiento del representante en juicio produzca efectos será necesario que lo ratifique la parte demandada.

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  17. 017Señale cuál de los siguientes órganos NO integra el orden jurisdiccional contencioso-administrativo:

    A.Juzgados de lo Contencioso-administrativo.

    B.Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo.

    C.Salas de lo Contencioso-administrativo de las Audiencias Provinciales.

    D.Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia.

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  18. 018Los particulares NO pueden interponer recurso contencioso-adminisitrativo contra la actividad de una Administración Pública:

    A.Cuando sean funcionarios de dicha Administración.

    B.Cuando obren como meros agentes o mandatarios de ella.

    C.Cuando sean titulares de un interés legítimo pero no de un derecho subjetivo afectado por el acto o disposición de la que se trate.

    D.Si el recurso tiene como objeto la anulación de una disposición de carácter general.

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  19. 019Según el artículo 125 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿ante qué órgano administrativo se interpone el recurso extraordinario de revisión contra los actos firmes en vía administrativa?

    A.Ante el órgano administrativo que lo dictó.

    B.Ante el superior jerárquico del órgano que lo dictó.

    C.Ante el superior jerárquico del órgano que debe resolver.

    D.Ante el superior jerárquico del órgano jurisdiccional competente.

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  20. 020De acuerdo con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿cuál es el plazo máximo para dictar y notificar la resolución de un recurso de alzada?
  21. 021Los Juzgados y Tribunales del orden contencioso-administrativo conocerán las cuestiones que se susciten en relación con:

    A.La financiación privada del contrato de concesión de obra pública o de concesión de servicios públicos.

    B.Los procesos de conflictos colectivos.

    C.La tutela y reconocimiento de la personalidad jurídica de los sindicatos.

    D.La responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas.

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  22. 022Según la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, ¿qué órgano de la Jurisdicción Contencioso-administrativa conocerá de los recursos que se deduzcan, en única instancia, en relación con los actos y disposiciones del Consejo General del Poder Judicial y del Fiscal General del Estado?

    A.Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional.

    B.Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia.

    C.Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo.

    D.Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo.

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  23. 023No es un procedimiento especial previsto in la Ley de la Jurisdicción contencioso-administrativa:

    A.El procedimiento especial in materia de derechos fundamentales.

    B.La satisfacción extraprocesal.

    C.El procedimiento de la cuestión de ilegalidad.

    D.El procedimiento in caso de suspensión administrativa de acuerdos.

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  24. 024De conformidad con la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo conocerán en primera o única instancia:

    A.De los recursos que se deduzcan en relación con los actos y disposiciones de las Comisiones Delegadas del Gobierno.

    B.De los recursos contra las resoluciones dictadas por los Ministros y Secretarios de Estado en materia de responsabilidad patrimonial cuando lo reclamado no exceda de 30.050 euros.

    C.De las recursos que se deduzcan en relación con las resoluciones dictadas por el Tribunal Económico-Administrativo Central en materia de tributos cedidos.

    D.De los recursos interpuestos por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia en defensa de la unidad de mercado.

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  25. 025De los recursos que se deduzcan en relación con los actos de los Ministros y de los Secretarios de Estado en materia de personal cuando se refieran al nacimiento o extinción de la relación de servicio de funcionarios de carrera, conoce:

    A.Los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo.

    B.La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.

    C.La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia competente por razón del domicilio del demandante.

    D.La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

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  26. 026Según la Ley de Jurisdicción contencioso-administrativa, el conocimiento de los recursos que se deduzcan contra las resoluciones de los Ministros in materia de responsabilidad patrimonial cuando lo reclamado no exceda de 30.050 euros corresponderá:

    A.A los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo.

    B.A los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo.

    C.A los Tribunales Superiores de Justicia.

    D.A la Audiencia Nacional.

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  27. 027Los Juzgados y Tribunales del orden contencioso-administrativo conocerán las cuestiones que se susciten en relación con:

    A.La responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas.

    B.La tutela y reconocimiento de la personalidad jurídica de los sindicatos.

    C.Los procesos de conflictos colectivos.

    D.La financiación privada del contrato de concesión de obra pública o de concesión de servicios públicos.

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  28. 028El plazo para impugnar un Real Decreto ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa es de:
  29. 029De acuerdo con lo establecido en el artículo 73 la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, las sentencias firmes que anulen un precepto de una disposición general:

    A.Afectarán por sí mismas y en todo caso a la eficacia de las sentencias o actos administrativos firmes que lo hayan aplicado antes de que la anulación alcanzara efectos generales.

    B.Afectarán por sí mismas y necesariamente a la eficacia de las sentencias o actos administrativos firmes que lo hayan aplicado antes de que la anulación alcanzara efectos generales, salvo en el caso de que la anulación del precepto supusiera la exclusión o la reducción de las sanciones aún no ejecutadas completamente.

    C.No afectarán en ningún caso por sí mismas a la eficacia de las sentencias o actos administrativos firmes que lo hayan aplicado antes de que la anulación alcanzara efectos generales.

    D.No afectarán por sí mismas a la eficacia de las sentencias o actos administrativos firmes que lo hayan aplicado antes de que la anulación alcanzara efectos generales, salvo en el caso de que la anulación del precepto supusiera la exclusión o la reducción de las sanciones aún no ejecutadas completamente.

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  30. 030La competencia para conocer de los recursos contencioso-administrativos que se deduzcan en relación con los convenios celebrados entre Administraciones Públicas corresponde a:

    A.Las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia o del Tribunal Supremo.

    B.Las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia o de la Audiencia Nacional.

    C.Los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo o a las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia.

    D.Las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justícia, en todo caso.

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  31. 031Quedan excluidos de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa:

    A.La responsabilidad patrimonial de la Administración.

    B.Las cuestiones prejudiciales relacionadas con un recurso contencioso-administrativo.

    C.El recurso contencioso-disciplinario militar.

    D.Los contratos administrativos.

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  32. 032De acuerdo con la LJCA, el orden jurisdiccional contencioso-administrativo conocerá de las cuestiones que se susciten en relación con:

    A.La protección jurisdiccional de los derechos fundamentales en relación con los actos del Gobierno o de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas.

    B.Las cuestiones expresamente atribuidas a los órdenes jurisdiccionales civil, penal y social, que se encuentren relacionadas con la actividad de la Administración Pública.

    C.Los conflictos de jurisdicción entre los Juzgados y Tribunales y la Administración Pública.

    D.Los conflictos de atribuciones entre órganos de una misma Administración.

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  33. 033De acuerdo con la Ley 29/1998, de 13 de julio, señale quién está legitimado ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo:

    A.La Administración de las Comunidades Autónomas, para impugnar cualquier acto o disposición.

    B.El Ministerio Fiscal, en todo caso.

    C.Cualquier ciudadano, en ejercicio de la acción popular, en los casos expresamente previstos en la ley.

    D.Cualquier persona en los litigios sobre acoso sexual.

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  34. 034Conforme a la Ley de 16 de diciembre de 1954 de Expropiación Forzosa (en adelante Ley de Expropiación Forzosa) y la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción contencioso-administrativa (en adelante Ley de la Jurisdicción contencioso-administrativa), contra la resolución del Jurado de Expropiación Forzosa procederá:

    A.Recurso de amparo si se impugna por un particular ante el Tribunal Constitucional.

    B.Recurso de alzada cuando sea impugnada por un particular.

    C.Directamente recurso contencioso administrativo, cuando sea impugnada por la Administración General del Estado.

    D.Declaración de lesividad previa cuando sea impugnada por la Administración General del Estado ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

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  35. 035En los términos de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, la entrada en un domicilio privado para la ejecución forzosa de un acto administrativo:

    A.Requiere autorización de los Juzgados de Instrucción.

    B.Requiere autorización de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo.

    C.Requiere autorización de los Juzgados de Primera Instancia.

    D.No requiere autorización judicial.

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  36. 036De conformidad con la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, señale qué orden jurisdiccional será el competente para resolver las controversias que surjan entre las partes en relación con los efectos, cumplimiento y extinción de los contratos privados:

    A.La jurisdicción contencioso administrativa.

    B.La jurisdicción contencioso administrativa o la civil, según los casos.

    C.La jurisdicción civil.

    D.Las controversias que surjan entre las partes firmantes de un contrato administrativo se someten en todo caso al arbitraje.

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  37. 037De conformidad con la Ley 29/1998, NO corresponden al orden jurisdiccional contencioso-administrativo:

    A.Los contratos administrativos y los actos de preparación y adjudicación de los demás contratos sujetos a la legislación de contratación de las Administraciones públicas.

    B.Los actos y disposiciones de las Corporaciones de Derecho público, adoptados en el ejercicio de funciones públicas.

    C.Los conflictos de atribuciones entre órganos de una misma Administración.

    D.Los actos administrativos de control o fiscalización dictados por la Administración concedente, respecto de los dictados por los concesionarios de los servicios públicos que impliquen el ejercicio de potestades administrativas conferidas a los mismos.

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  38. 038En relación con el recurso contencioso-administrativo indique cuál es la respuesta correcta:

    A.El plazo para la interposición será de 3 meses desde el día siguiente a la publicación de la disposición impugnada.

    B.Si el recurso se dirigiera contra una actuación en vía de hecho, el plazo para interponer el recurso será de 15 días a contar desde el día siguiente al requerimiento a la Administración.

    C.El plazo para interponer el recurso de lesividad será de 2 meses desde el día siguiente a la fecha de declaración de lesividad.

    D.En los litigios entre Administraciones, el plazo para interponer recurso contencioso-administrativo será de 1 mes, salvo que por Ley se establezca otra cosa.

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  39. 039Según la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (en adelante LJCA), ¿quién conocerá de los recursos interpuestos por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia en defensa de la unidad de mercado?

    A.Las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia.

    B.Los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo.

    C.La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.

    D.La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

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  40. 040Según el art. 11.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, de los recursos que se deduzcan en materia de personal, cuando se refieran al nacimiento o extinción de la relación de servicio de funcionarios de carrera, conocerá:

    A.En única instancia, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

    B.En única instancia, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.

    C.En primera instancia, los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo.

    D.En segunda instancia, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.

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  41. 041De acuerdo con la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, si el recurso contencioso-administrativo se dirigiera contra una actuación en vía de hecho, el plazo para su interposición será:

    A.De 2 meses desde el inicio de la actuación administrativa en vía de hecho.

    B.De 10 días desde el día siguiente a la terminación del plazo establecido en el artículo 30 de la Ley, en relación con el requerimiento y, en caso de no mediar este, de 20 días desde el inicio de la actuación administrativa en vía de hecho.

    C.De 30 días desde el inicio de la actuación administrativa en vía de hecho.

    D.De 20 días desde que concluya el requerimiento y, de no mediar este, de 15 días desde el inicio de la actuación administrativa en vía de hecho.

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  42. 042De acuerdo con la Ley 29/1998, de 13 de julio, en un procedimiento contencioso-administrativo, la Administración pública se entenderá personada:

    A.Por la reclamación del expediente administrativo realizada por el órgano jurisdiccional a la Administración.

    B.Por la presentación del escrito de alegaciones previas.

    C.Por la interposición del recurso.

    D.Por el envío del expediente.

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  43. 043De conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, en relación con la representación y defensa de las partes ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo:

    A.Las partes, en sus actuaciones ante órganos unipersonales, deberán conferir su representación a un Procurador y podrán ser asistidas por Abogado.

    B.Las partes, en sus actuaciones ante órganos colegiados, deberán conferir su representación a un Procurador y ser asistidas por Abogado.

    C.Los funcionarios públicos podrán comparecer por sí mismos en defensa de sus derechos estatutarios cualquiera que sea el asunto en litigio.

    D.Las partes serán notificadas de las actuaciones cuando confieran su representación al Abogado, sin que a éste se le notifique nada.

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  44. 044De acuerdo con la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, de los recursos interpuestos por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia en defensa de la unidad de mercado conocerá:

    A.La Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo.

    B.La Sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional.

    C.La Salas de lo contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia.

    D.Los Juzgados Centrales de lo contencioso-administrativo.

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  45. 045Una de las características fundamentales y específicas del procedimiento contencioso-administrativo abreviado, según la Ley 29/1998, 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa es:

    A.La reclamación del expediente al órgano autor del acto o disposición.

    B.El Auto de admisión del recurso.

    C.El inicio del procedimiento mediante presentación del recurso contencioso-administrativo.

    D.La oralidad del proceso.

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  46. 046¿Son los Decretos Legislativos susceptibles de recurso contencioso-administrativo?:

    A.En todo caso.

    B.En ningún caso.

    C.Cuando excedan los límites de la delegación legislativa.

    D.Cuando se alege contra los mismos algún motivo de inconstitucionalidad.

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  47. 047Según la LJCA, en un procedimiento contencioso-administrativo contra un acto administrativo, los Jueces o Tribunales podrán denegar las medidas cautelares solicitadas por los interesados:

    A.Cuando de la medida solicitada pudiera seguirse perturbación grave de los intereses generales o de tercero que el Juez o Tribunal ponderará en forma circunstanciada.

    B.Cuando se oponga el Ministerio Fiscal a la adopción de tales medidas.

    C.Cuando no hayan sido solicitadas en la demanda o el escrito de interposición.

    D.Cuando la medida solicitada impida la ejecutoriedad del acto.

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  48. 048La Administración Pública recurrida se entiende emplazada en el procedimiento contencioso-administrativo cuando:

    A.Envie al Juzgado o Tribunal el expediente que le haya reclamado.

    B.El recurrente le comunica la interposición del recurso.

    C.El recurso se notifica a la Abogacía del Estado o servicio jurídico correspondiente de la Administración Pública recurrida.

    D.El Juzgado o Tribunal le reclama el expediente.

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  49. 049En sus actuaciones ante órganos colegiados de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, las partes:

    A.Podrán conferir su representación a un Procurador y serán asistidas, en todo caso, por Abogado.

    B.Deberán, en todo caso, conferir su representación a un Procurador y podrán ser asistidas por Abogado.

    C.Deberán conferir su representación a un Procurador y ser asistidas por Abogado.

    D.Deberán ser asistidas por un Procurador y conferir su representación a un Abogado.

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  50. 050De conformidad con el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, el plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo contra un acto administrativo expreso será:

    A.De seis meses contados desde el día siguiente al de la notificación o publicación del acto que ponga fin a la vía administrativa.

    B.De tres meses contados desde el día de la notificación o publicación del acto que ponga fin a la vía administrativa.

    C.De dos meses contados desde el día siguiente al de la notificación o publicación del acto que ponga fin a la vía administrativa.

    D.De un mes contado desde el día siguiente al de la notificación o publicación del acto que ponga fin a la vía administrativa.

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  51. 051Indique la afirmación correcta respecto a la legitimación ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa:

    A.El Ministerio Fiscal tiene obligación de intervenir en todos los procesos iniciados ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

    B.El Ministerio Fiscal tiene legitimación para intervenir en los procesos que apruebe el Pleno de la Fiscalía General del Estado y que supongan un perjuicio económico a las cuentas del Estado.

    C.El Ministerio Fiscal tiene legitimación para intervenir en los procesos que determine la Ley.

    D.El Ministerio Fiscal no tiene competencias en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, sólo en el civil y el penal.

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  52. 052De acuerdo con la Ley 29/1998, de 13 de julio, señale en relación con qué es admisible el recurso contencioso-administrativo:

    A.Las disposiciones de carácter general.

    B.Todos los actos expresos de la Administración Pública.

    C.Todos los actos presuntos de la Administración Pública.

    D.Todos los actos expresos y presuntos de la Administración Pública.

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  53. 053No corresponde al orden jurisdiccional contencioso-administrativo:

    A.La responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas.

    B.Las pretensiones que se deduzcan en relación con los Decretos legislativos cuando excedan los límites de la delegación.

    C.Los conflictos de atribuciones entre órganos de una misma Administración.

    D.Los contratos administrativos.

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  54. 054De conformidad con lo dispuesto en el artículo 107 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las Administraciones Públicas podrán impugnar ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo:

    A.Los actos desfavorables para los interesados que sean anulables, previa su declaración de lesividad para el interés general.

    B.Los actos desfavorables para los interesados que sean nulos, previa su declaración de lesividad para el interés público.

    C.Los actos favorables para los interesados que sean nulos, previa su declaración de lesividad para el interés general.

    D.Los actos favorables para los interesados, que sean anulables, previa su declaración de lesividad para el interés público.

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  55. 055Cuando la Administración, en virtud de una disposición general que no precise de actos de aplicación o en virtud de un acto, contrato o convenio administrativo, esté obligada a realizar una prestación concreta en favor de una o varias personas determinadas, quienes tuvieran derecho a ella pueden reclamar de la Administración el cumplimiento de dicha obligación. ¿Qué plazo debe transcurrir sin que la Administración dé cumplimiento a lo solicitado o sin llegar a un acuerdo con los interesados antes de que estos puedan interponer un recurso contencioso-administrativo contra la inactividad de la Administración?

    A.Tres meses a contar desde la notificación del acto administrativo a los interesados.

    B.Tres meses desde la fecha de la reclamación por parte de los interesados.

    C.Tres meses desde que se resuelve el acto que obliga al cumplimiento.

    D.Tres meses desde que se hace efectivo el silencio administrativo.

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  56. 056De los recursos que se deduzcan en relación con las resoluciones dictadas por el Tribunal Económico-Administrativo Central en materia de tributos cedidos conocerán:

    A.Los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo.

    B.Las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia.

    C.La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.

    D.La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

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  57. 057De acuerdo con lo establecido en el artículo 73 la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, las sentencias firmes que anulen un precepto de una disposición general:

    A.Afectarán por sí mismas y necesariamente a la eficacia de las sentencias o actos administrativos firmes que lo hayan aplicado antes de que la anulación alcanzara efectos generales, salvo en el caso de que la anulación del precepto supusiera la exclusión o la reducción de las sanciones aún no ejecutadas completamente.

    B.Afectarán por sí mismas y en todo caso a la eficacia de las sentencias o actos administrativos firmes que lo hayan aplicado antes de que la anulación alcanzara efectos generales.

    C.No afectarán por sí mismas a la eficacia de las sentencias o actos administrativos firmes que lo hayan aplicado antes de que la anulación alcanzara efectos generales, salvo en el caso de que la anulación del precepto supusiera la exclusión o la reducción de las sanciones aún no ejecutadas completamente.

    D.No afectarán en ningún caso por sí mismas a la eficacia de las sentencias o actos administrativos firmes que lo hayan aplicado antes de que la anulación alcanzara efectos generales.

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  58. 058La impugnación de los actos de aplicación de las disposiciones de carácter general ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa:

    A.No es admisible en ningún caso.

    B.Es admisible incluso cuando se haya desestimado previamente un recurso interpuesto frente a esa misma disposición de carácter general.

    C.Es admisible excepto cuando se haya desestimado previamente un recurso interpuesto frente a esa misma disposición de carácter general.

    D.No es admisible cuando la disposición de carácter general sea conforme a derecho.

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  59. 059Según la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, ¿qué órgano de la Jurisdicción Contencioso-administrativa conocerá de los recursos contra las resoluciones dictadas por los Ministros y Secretarios de Estado en materia de responsabilidad patrimonial cuando lo reclamado no exceda de 30.050 euros?

    A.La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo.

    B.La Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional.

    C.Los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo.

    D.Los Tribunales Superiores de Justicia.

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  60. 060Según indica la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (en adelante LJCA), la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo conocerá del:

    A.Recurso contra actos de las Entidades Locales y de las Administraciones de las Comunidades Autónomas, cuyo conocimiento no esté atribuido a los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo.

    B.Recurso interpuesto por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia en defensa de la unidad de mercado.

    C.Recurso contra actos y disposiciones de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.

    D.Recurso contra resoluciones que acuerden la inadmisión de las peticiones de asilo político.

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  61. 061A efectos de la interposición del recurso de casación, se presume la existencia de interés casacional objetivo:

    A.Cuando resuelva recursos contra actos o disposiciones de los organismos reguladores o de supervisión o agencias estatales cuyo enjuiciamiento corresponde a la Sala de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia.

    B.Cuando la sentencia recurrida declare anulable una disposición de carácter general, salvo que esta, con toda evidencia, carezca de trascendencia suficiente.

    C.Cuando resuelva recursos contra actos o disposiciones de los Ayuntamientos.

    D.Cuando dicha resolución se aparte deliberadamente de la jurisprudencia existente al considerarla errónea.

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  62. 062Según lo dispuesto en la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia conocerán en segunda instancia:

    A.De los recursos que se deduzcan en relación con las disposiciones generales emanadas de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales.

    B.De los recursos que se deduzcan contra los actos y disposiciones de las Juntas Electorales Provinciales y de las Comunidades Autónomas.

    C.De los actos y resoluciones de los órganos de las Comunidades Autónomas competentes para la aplicación de la Ley de Defensa de la Competencia.

    D.De las apelaciones promovidas contra las sentencias y autos dictados por los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo y de los correspondientes recursos de queja.

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  63. 063Según la Ley 39/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, la competencia para conocer de los recursos contencioso-administrativos que se deduzcan en relación con los convenios celebrados entre Administraciones Públicas corresponde a:

    A.Los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo o a las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia.

    B.Las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia, en todo caso.

    C.Las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justícia o de la Audiencia Nacional.

    D.Las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia o del Tribunal Supremo.

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  64. 064En relación con el recurso contencioso-administrativo indique cuál es la respuesta correcta:

    A.El plazo para la interposición será de 3 meses desde el día siguiente a la publicación de la disposición impugnada.

    B.Si el recurso se dirigiera contra una actuación en vía de hecho, el plazo para interponer el recurso será de 15 días a contar desde el día siguiente al requerimiento a la Administración.

    C.El plazo para interponer el recurso de lesividad será de 2 meses desde el día siguiente a la fecha de declaración de lesividad.

    D.En los litigios entre Administraciones, el plazo para interponer recurso contencioso-administrativo será de 1 mes, salvo que por Ley se establezca otra cosa.

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  65. 065De conformidad con la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, estarán legitimados ante el Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo:

    A.Cincuenta Diputados o cincuenta Senadores.

    B.El Ministerio Fiscal para intervenir en los procesos que determine la Ley.

    C.Cualquier ciudadano que tenga conocimiento de cualquier situación de acoso sexual y acoso discriminatorio.

    D.La Administración autora de un acto, previo informe favorable de la Abogacía del Estado.

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  66. 066Según lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿qué actuación previa tienen que realizar las Administraciones Públicas para poder impugnar ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo los actos favorables para los interesados que sean anulables?

    A.Declaración expresa de anulabilidad.

    B.Interponer recurso extraordinario de revisión.

    C.Declaración de lesividad para el interés público.

    D.Declaración de no procedencia de interposición de recurso potestativo de revisión.

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  67. 067¿Son los Decretos Legislativos susceptibles de recurso contencioso-administrativo?:

    A.En todo caso.

    B.Cuando se alegue contra los mismos algún motivo de inconstitucionalidad.

    C.En ningún caso.

    D.Cuando excedan los límites de la delegación legislativa.

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  68. 068Señale cuál de las siguientes cuestiones no pertenece al ámbito de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa:

    A.En marco de un procedimiento contencioso-administrativo ya iniciado, el conocimiento y decisión de una cuestión prejudicial, directamente relacionada con el recurso contencioso-administrativo presentado, relativa a la titularidad del derecho de propiedad intelectual sobre una obra musical.

    B.Una demanda de responsabilidad patrimonial presentada contra un Ministerio por los daños producidos a un transeunte por la caída de una maceta desde la ventana del edificio en el que Ministerio tiene su sede.

    C.Una demanda presentada por el propietario de un edificio contra la Administración arrendataria del mismo, por el impago de la renta de alquiler.

    D.La impugnación de una sanción impuesta por un colegio profesional a uno de sus miembros, por negligencia en el cumplimiento de sus deberes profesionales.

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  69. 069De acuerdo con la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, ¿quién está legitimado para la interposición de recurso contencioso-administrativo frente a cualquier disposición de carácter general que se considere contraria a la libertad de establecimiento o de circulación?

    A.La Secretaría para la Unidad de Mercado.

    B.La Presidenta de la Comisión Europea.

    C.La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

    D.La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.

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  70. 070De acuerdo con la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, el recurso contencioso-administrativo NO es admisible:

    A.Contra disposiciones de carácter general.

    B.Contra actos que sean reproducción de otros anteriores definitivos y firmes.

    C.Contra actos expresos o presuntos que pongan fin a la vía administrativa.

    D.Contra la inactividad de la Administración.

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  71. 071Señale quién tiene la competencia para conocer recursos contra resoluciones dictadas por Ministros en materia de responsabilidad patrimonial cuando lo reclamado no exceda de 30.050 €:

    A.Tribunales de Instancia.

    B.Tribunal Central de Instancia.

    C.Tribunales Superiores de Justicia.

    D.Audiencia Nacional.

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  72. 072Si un órgano del orden contencioso-administrativo se declara incompetente para conocer de un asunto, según la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, esa declaración adoptará la forma de:
  73. 073Indique cuál de las siguientes cuestiones NO corresponde al orden jurisdiccional contencioso-administrativo, con base en lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa:

    A.Los actos y disposiciones de las Corporaciones de Derecho público, adoptados en el ejercicio de funciones públicas.

    B.Los contratos administrativos y los actos de preparación y adjudicación de los demás contratos sujetos a la legislación de contratación de las Administraciones públicas.

    C.Los conflictos de jurisdicción entre los Juzgados y Tribunales y la Administración pública y los conflictos de atribuciones entre órganos de una misma Administración.

    D.La protección jurisdiccional de los derechos fundamentales, los elementos reglados y la determinación de las indemnizaciones que fueran procedentes, todo ello en relación con los actos del Gobierno o de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, cualquiera que fuese la naturaleza de dichos actos.

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  74. 074Según la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, ¿qué órgano de la Jurisdicción Contencioso-administrativa conocerá de los recursos contra las resoluciones dictadas por los Ministros y Secretarios de Estado en materia de responsabilidad patrimonial cuando lo reclamado no exceda de 30.050 euros?

    A.Los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo.

    B.Los Tribunales Superiores de Justicia.

    C.La Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional.

    D.La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo.

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  75. 075De los recursos que se deduzcan en relación con los actos de los Ministros y de los Secretarios de Estado en materia de personal cuando se refieran al nacimiento o extinción de la relación de servicio de funcionarios de carrera, conoce:

    A.La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.

    B.La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

    C.La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia competente por razón del domicilio del demandante.

    D.Los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo.

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